
CAROLINA DEL NORTE – El Senado de Carolina del Norte ha aprobado la controvertida Ley HB 10, una normativa que obliga a los alguaciles de los 100 condados del estado a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Esta legislación, que entrará en vigor el 1 de diciembre del 2024, ha generado un intenso debate, especialmente entre defensores de derechos humanos y organizaciones proinmigrantes.
La Ley HB 10 establece que los alguaciles deberán verificar el estatus migratorio de personas detenidas por delitos graves o menores de alta severidad.
Si se determina que el detenido no es residente legal o ciudadano estadounidense, el alguacil tendrá la obligación de notificar a “La Migra” y retener a la persona hasta por 48 horas para facilitar su posible transferencia al organismo federal.
Sin embargo, la propuesta ha sido duramente criticada por su impacto en las comunidades inmigrantes.
La aprobación de esta ley representa un desafío significativo para las políticas de inmigración en Carolina del Norte, marcando un posible precedente para otras legislaciones en el país.
¿Crees que la Ley HB 10 traerá más seguridad o generará un ambiente de miedo en las comunidades inmigrantes? ¡Queremos saber tu opinión!